La conformación de la colonia Colosio, producto de la corrupción oficial y la codicia
(foto: radiolé)
Joaquín Hendricks Díaz, ex gobernador (1999-2005)
Comerció con tierras decretadas por el ex presidente Echeverría.
Mario Villanueva Madrid, ex gobernador (1993-1999)
Organizó la ocupación de las tierras y cobró anticipos a los nuevos colonos.
Playa del Carmen.- Los centros turísticos en este país por lo general van acompañados por un cinturón de miseria ubicado en su trastienda. De allí, los lujosos hoteles, tiendas y restaurantes se abatecen de una mano de obra precariamente calificada y mal pagada. El hacinamiento, la violencia y la basura caracterizan a estos lugares de mala muerte.
Sin embargo en Playa del Carmen, pasó un caso insólito. La zona proletaria quedó ubicada detrás de las mejores playas de una de las costas más bellas del litoral, ubicada en el corazón de lo que resulta ser la Riviera Maya, un polo turístico de importantes ingresos y de fama internacional.
Separada sólo por una franja de 398 kilómetros, todavía virgen, dotada de cenotes, selva y manglares se encuentra la colonia Colosio.
Este peculiar hecho se debe a un decreto emitido por el presidente Luis Echeverría Alvarez, a quien le pareció justo destinar mil 200 hectáreas para el crecimiento de esta población en 1973, sin prever que esta hermosa porción de litoral despertaría tanta codicia entre empresarios, gobernantes.
Francisco Rangel Castelazo, empresario, quien tiene un largo historial por aprovechar los precios oficiales para después vender a precios mercantiles, le compró a la Secretaría de la Reforma Agraria –SRA- un territorio costero, sin darse cuenta que lo que adquiría no se podía vender por estar comprendido en un decreto presidencial, destinado para el crecimiento urbano de Playa del Carmen. Así que el primer protagonista que ejerció e fraude fue la dependencia federal encargada de resguardar el territorio nacional: la SRA.
El empresario, insistiendo que la zona costera era suya, tuvo un pleito con el ex gobernador Mario Villanueva quien insistió que las tierras eran del Estado, cedidas a través de un decreto.
Para asegurarse, el ex mandatario organizó a tres líderes populares para la invasión del terriotrio en disputa y una masa de trabajadores migrantes y desesperados se asentó en ellas en 1994.
El empresario Rangel, usando el nombre de su esposa, había pagado un millón 903 mil viejos pesos en 1980 a la SRA y esta dependencia le extendió el recibo número 46049 al momento de recibir el dinero. Sin embargo nunca le dio el título de propiedad, por el simple motivo de que esta porción de tierra ya había sido decretada en 1973.
Cuando los nuevos colonos se instalaron hubo una fuerte reacción por parte del inversionista Rangel y la guerra se hizo incruenta entre los dos bandos.
Villanueva les había dicho a los recién llegados –en ese tiempo llamados invasores- que colonizaran todo, excepto la zona acordonada frente a las playas, una franja compuesta por manglar, cenotes y selva que sería para un fin ajeno a lo que marca el decreto.
Mario Villanueva vendió Punta Esmeralda, una porción de esta franja, a su cuate, Guillermo del Rosario, dejando libres más de 300 kilómetros para fines que nunca llegamos a conocer.
El ex mandatario estatal fue arrestado en mayo del 2001, acusado por narcotráfico y es, hasta la fecha, uno de los presos del penal de Almoloya, una prisión de máxima seguridad en México.
Durante los siete años que duró el pleito legal de Rangel, quien había demandado a la SRA y al gobernador Villanueva, los colonos carecerieron de servicios públicos y vivían en uno de los peores muladares, aliviados solamente por la brisa marina y las lunas maravillosas que alumbran las noches caribeñas.
En los días de verano el calor azotaba en mediodía y los mosquitos atacaban de noche. La basura apilada en las esquinas de las calles creaba focos de infección y, mientras los días pasaban, seguían llegando más y más trabajadores a la recién formada colonia Colosio, nido de delicuentes, asalariados con el mínimo, albañiles, una zona con más de cinco mil habitantes que todavía se considera irregular.
Al sucesor de Mario Villanueva, Joaquín Hendricks, se le ocurrió, en 1999, la brillante idea de asociarse con el empresario enojado, Francisco Rangel, para tener a todo el mundo contento. Los colonos tendrían servicios, Rangel estaría de acuerdo en ganar la mitad de lo que se cobrara por lote, claro, ni dudarlo, y la SRA se quitaría del engorroso problema que le había provocado el haber vendido indebidamente una porción de tierra que ya estaba decretada y nunca debió vender.
Todo mundo estaría feliz. El Estado, se forraría los bolsillos con un dinero que nunca hubiera soñado tener. El cincuenta por ciento por la venta de estas tierras que valen en este momento oro, que los colonos tendrán que pagar lo quieran o no, engrosaría sus arcas.
La franja dorada, maravillosa que todos respetaron por obediencia a Villanueva, por milagro divino, ha estado en charola de plata, ofertada para la construcción de hoteles frente al mar, sin importar que haya manglares, por supuesto, los permisos allí estarán, faltaba más.
El único problema en este plan de corte maquiavélico fue la osadía de los colonos, quienes encontraron el documento que prueba que las mil 200 hectáreas, incluyendo la franja destinada para hoteles, está decretada para albergar la vivivienda de tipo social y y sus edificios de asistencia, como clínicas, escuelas, mercados y hospitales.
Los colonos también se atrevieron a demandar al ex gobernador Hendricks, quien convirtió estas tierras en comerciales asociándose con Rangel para la creación de una empresa que las pretende administrarlas, bajo el nombre de Desarrolladora de la Riviera Maya.
En este momento existen 200 denuncias en contra del ex gobernador Hendicks y los funcionarios en ese entonces relacionados con el caso. Los colonos también acusan al empresario Rangel. Pero ninguna de estas denuncias ha prosperado, pese a que los actuales funcionarios del gobierno de Félix González y del Congreso Estatal han aceptado la metida de pata del ex gobernador Hendricks.
El asentamiento ha crecido, continúa como una zona popular, habitada por asalariados, las calles han sido pavimentadas con excepción de algunas. Existen todos los servicios, incluyendo cable visión. Sin embargo, la colonia Colosio continúa como irregular, debido a que la mayoría de los colonos se ha negado a pagar los precios estratosféricos que la compañía inmobiliaria, formada por Hendriks y Rangel.
Los presidentes municipales de las tres últimas administraciones -Miguel Martín, José Medicuti y Carlos Joaquín- representantes directos de la comuna, han evadido el problema. Empero el arca municipal recibe pagos prediales e ingresos por concepto de permisos de construcción en una zona cuyo dueño todavía está, ante la ley, indefinido.
El problema se ha evidenciado. Aun el procurador general de justicia del estado, Bello Rodríguez y Carrillo, ha declarado que los colonos tienen la razón, que los terrenos deben ser valuados a un precio de interés social, que hay un decreto de por medio y que se hará justicia.
Por su parte, los colonos, agrupados en la asociación civil, Tierra y Libertad, se preguntan cuándo y de qué forma.
Aceptar el decreto significaría, para el gobierno, renunciar al oro de esa franja frente al mar que, por cierto, ya cuenta con oficinas móviles para el inicio de las obras multimillonarias-0-.
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