El Watergate poblano y el caso de Lydia Cacho

26 de febrero, 2006.
El Watergate poblano y el caso de Lydia Cacho.
Por Avelina Rojas.

La vida tuvo un matiz diferente para la periodista Lydia Cacho después de la publicación de su libro, Los demonios en el edén. No hay registro de que el libro sea un best seller. Empero, es claro que destapó con una fuerza impredecible las cañerías malolientes en que está cimentado el sistema mexicano, y puso en tela de juicio las leyes que sustentan la libertad de expresión en México.
Todo comenzó en la forma más fácil con la que Lydia coge la pluma y se pone a escribir en su libreta de notas: próxima entrevista, Gabriela. Tema: su experiencia como víctima. Indagación para libro. No hay título todavía.
En una ciudad como Cancún, atareada por los oleajes del turismo, Lydia ha trabajado, por más de 10 años denunciando la violencia perpetrada contra mujeres y niños, los sectores sociales más vulnerables.
Cuando regresó de la entrevista Lydia tenía en su libreta de notas: Gabriela, forzada a coitar con Succar. El acto fue grabado en video. Nunca denunció por creer que sería inútil.
El resultado de estos datos sobre el papel impreso fue: "Gabriela, ahora de 29 años de edad, casada y con dos niños, asegura que fue víctima de Succar hace 14 años. Que la llevó una amiguita de la escuela, junto con otras ocho niñas. De esas ocho algunas se quedaron y fueron forzadas por Succar a llevar a otras niñas y niños. Ante la pregunta expresa de cuántos menores creen que Jean Succar y Gloria Pita llegaron a fotografiar, y a forzar a tener sexo para grabar videos en esos tiempos, Gabriela, con los ojos arrasados de lágrimas, calcula que quizá se trate de cientos de criaturas."
Cuando Lydia escribió las últimas líneas tuvo la sensación quijotesca de haber cumplido una misión en aras de la justicia. El sexo con niños, abominable acto, no debía permitirse y su tinta serviría para destruir a los cruentos demonios que se atreven a quebrantar la paz del edén. Lo que ella no se imaginó es que el tema de la pederastia llegaría hasta el escritorio de un gobernador, quien presto y gustoso asistió a la fiesta del conjuro.
La periodista Cacho tampoco vislumbró que su arresto y sus días en prisión detonaría una bomba entre quienes consideran la libertad de expresión la piedra angular de la comunicación humana, a tal grado que la máxima cámara legislativa de la nación se puso a revisar sus leyes y se dio cuenta que tenía que cambarlas para garantizar deveras la función informativa de los periodistas.
La Jornada, un diario dispuesto a darle voz a los que nunca la han tenido, publicó una grabación que reveló, en su contenido y forma, las relaciones entre los funcionarios públicos y la élite del dinero: compadrazgo cuyos sellos tienen olor a sangre y a alcohol, una relación capaz de avasallar cualquier lindero ético y de jurisprudencia. Para qué quiere Puebla leyes si tiene un "gober precioso", pregunta necia.
Esta grabación, considerada como un delito de espionaje telefónico, develó los ilícitos que los funcionarios llevan a cabo, desde la cúspide del poder, con la mayor tranquilidad y prepotencia posibles. El Watergate poblano está teniendo sus consecuencias.
El arresto de la periodista Cacho fue un acto de soberbia anardecida por parte del "gober precioso", Mario Marín, comedido siempre con quienes lo ascendieron a la gubernatura, no importa a qué precio. Yo siempre estaré con ustedes, les habrá dicho. Y lo cumplió. Ahora tendrá que pagar.
La otra vertiente del caso estriba en la ecuación de la comunicación y su ética. Los comunicadores son codificadores. Es decir, en la estructura de la información siempre existe una fuente de donde proviene la información (en este caso Gabriela), un codificador (la reportera Cacho), un medio (el libro) y un receptor (el lector). Si acaso la difamación es un delito y los medios, en este caso son culpables, entonces el gobernador Marín tuvo que haber arrestado también al responsable del papel en que se escribió la novela, al editor que la revisó, al diseñador que se encargó de la portada y al impresor que finalmente la hizo un libro. Gabriela fue quien hizo la denuncia y Cacho solamente la transmitió. Correspondía a Kamel Nacif Borge haber probado lo contrario.
Existen casos en que los reporteros usan su trabajo como una vía de extorsión e incurren en la mentira. Los casos de difamación son penados en México con cárcel y este castigo tan severo es el que está haciendo a los periodistas revolcarse en sus asientos de escritores y demandar una revisión de leyes, pues no siempre el reportero puede probar ser inocente.

Los Estados Unidos dista mucho de ser un ejemplo en materia de paz, o talento culinario, sin embargo el país goza con un ejercicio más amplio de expresión y apego a las leyes. Estrellas del espectáculo y del deporte acuden a los juzgados a defenderse contra la voracidad informática de los fotógrafos y reporteros. Hay demandas que desembocan en multas que los mentirosos de los medios tienen que pagar, y allí queda la cosa.
La falta de ética en los medios de comunicación masiva puede provocar graves desenlaces, es verdad. Las causas que orillaron al mortal accidente en que pereció la princesa Diana es un ejemplo claro. Pero en el caso de Lydia Cacho, muy diferente per se, lo que hubo fue un fenómeno que desembocó en un explosión en cadena y dejó a todo mundo perplejo por la mugre que salió de una oficina que se creía pulcra, como la del gobernador de Puebla, y de un régimen como el actual que cacarea el cambio y mantiene la libertad de expresión en el mundo oscuro de las cavernas-0-.